José García Llorente (Periodista).- Treinta y nueve años después de proclamada la Constitución, España ha cambiado suficientemente para abordar un nuevo marco constitucional que responda a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales que vive nuestro país. Sin embargo, la resistencia numantina al menor tipo de cambio en la norma constitucional por parte de los principales partidos políticos durante casi cuarenta años avala no pocas evidencias de que la Carta Magna configura un espacio cómodo y propicio para los intereses de los poderes dominantes.

La principal diferencia de la Constitución española con otras es que la nuestra no se toca frente a las otras que se adaptan y se mueven como la vida misma. Un inmovilismo que contrasta con la celeridad con la que en tres días de agosto de 2011, el PSOE y el PP reformaron el artículo 135, que quedó redactado así en su tercer epígrafe:

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”.

Esta reforma vino a significar, de facto, el fin de un posible Estado social en España para convertirse en un Estado al servicio de la economía y de las grandes corporaciones. De este modo, la única modificación relevante del texto constitucional se llevaba por delante lo que pudo ser y no ha sido.

El artículo 1 de la Constitución, que determina que España es un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. También su artículo 35, que establece el deber y el derecho  al trabajo dignamente remunerado. El derecho de todos los españoles disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47), comprometiéndose los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. O lo relativo al pago de impuestos (artículo 31), que determina que los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Se podría seguir. Son muchos los incumplimientos y las insuficiencias de una Constitución que, como Carta Magna y máxima, debería garantiza lo que dice que garantiza y no ser tan selectiva en sus prioridades, según quién mande o influya.

A pesar del discurso dominante, cuarenta años después de promulgada la jaleada Constitución, esta gran Nación sigue contando con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1%, lejos de otros países como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%); cuarenta mil personas no tienen un hogar en España y cada día se enfrentan a la indiferencia de una sociedad que les estigmatiza y las identifica con delincuentes o drogadictos; España es el país con la mayor tasa de desempleo en Europa (16,7%) –sólo por delante de Grecia, frente a tasas del 9,4% en Francia, 4,3% en Reino Unido o el 3,6% de Alemania–, 3.641.128 personas están actualmente en situación de desempleo, a pesar del relato de que somos campeones mundiales en la creación de empleo; nuestro país se sitúa como el quinto país de la OCDE con peor distribución de la renta disponible  y el peor europeo: el 15,3% de la población tiene una renta que no llega al 50% de la renta media del país, lo que se considera pobreza relativa.

Y suma y sigue, 40 años de sacrosanta Constitución.

Otra Constitución para un nuevo país.

Frente a este panorama –con las ramificaciones de la corrupción sistémica de la sociedad española y las nunca resueltas tensiones territoriales– recurrir a los mitos y leyendas de la Transición, o a cualquier otra consideración,  para negar la necesidad de abordar una reforma en profundidad de la Constitución solo puede entenderse como complacencia con la situación que se acaba de describir.

La sociedad española, –cuarenta años después de aprobada la Constitución como instrumento para superar una dictadura sangrienta y crear un marco de convivencia– es suficientemente madura, política y socialmente, para emprender un proceso constituyente que dé paso a una nueva norma fundamental que se enfrente a esas nuevas realidades y dé respuestas y articule medidas que permitan emprender la transformación social que requiere este país.

Un proceso que devuelva la palabra al pueblo y que determine qué tipo de revisión de la Carta Magna es preciso hacer que, para muchos, debería girar en torno a cuatro ejes:

  • Lucha contra la corrupción, lo que implica una profundización en la división de poderes.
  • Blindaje de los derechos sociales para que el derecho a la vivienda o a un trabajo digno, por ejemplo, sean algo más que principios abstractos.
  • Abordar el modelo de Estado para avanzar hacia un Estado plurinacional con forma de República federal
  • Definir la relación de España con Europa para que no se convierta en un mecanismo que revierta los derechos en función de intereses únicamente económicos o financieros.

Sin embargo, en los fastos conmemorativos del 6D no habrá espacio para ningún tipo de diálogo ni debate en este sentido. Se hablará de lo que ejemplarmente nos dimos en su momento, pero no se hablará de todo lo olvidado, de todo lo que nos han quitado.

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